LA GUERRA DE 1969
ANTECEDENTES
Para explicar el fenómeno de la llamada Guerra de Fútbol o de las 100 horas, es necesario revisar los antecedentes de la crisis que tuvo por expresión ese acontecimiento histórico. Desde la creación del Mercado Común Centroamericano, Honduras siempre manifestó una debilidad económica y su papel básicamente fue un mercado de los productos salvadoreños y guatemaltecos. La infraestructura industrial hondureña no creció y el contexto histórico de crisis se profundizó por las políticas de cada Estado para proteger su economía. Por eso, la llamada Guerra de 1969 es la expresión del conflicto entre ambas economías, sumado a la alta presencia demográfica de salvadoreños y el permanente e indefinido status de los limites territoriales. Honduras decidió aplicar drásticas leyes migratorias y el retorno masivo de salvadoreños estimuló al gobierno salvadoreño a realizar preparativos bélicos abiertamente llamamiento a las reservas, formación de milicias, compra de nuevas armas.
El 25 de junio de 1969 se informó por medio de un boletín de prensa que se había constituido en aquel país el Bloque de Unidad Nacional alrededor del gobierno, con la participación de todos los partidos políticos del país, las organizaciones sociales y el ejército. Estas noticias fueron conocidas en Honduras y nuestro gobierno continuó con su política de armonía diplomática. A raíz de las agresiones físicas de los aficionados salvadoreños a los jugadores de la selección de fútbol de Honduras obligó el día 25 de junio a la Secretaría de Relaciones Exteriores a emitir un comunicado en el que se pronunciaba sobre los hechos de violencia ocurridos el 15 de junio en el Estadio Flor Banca. «No es necesario remontarse -expresaba el documento- muy atrás para descubrir que el estallido de violencia antihondureñista fue algo preparado y cuidadosamente planificado. El partido de fútbol constituyó la chispa que hizo estallar la dinamita. Esta comenzó a colocarse hace ya varios años, cuando el gobierno de Honduras, en uso de su derecho, y, precisamente para evitar futuros males, invitó al Gobierno salvadoreño para que, en forma conjunta, buscaran solución al problema que constituye la desenfrenada inmigración hacia nuestro país, y simultáneamente, empezar a demarcar la frontera entre ambos Estados».
A estas alturas, aún continuaba el retorno masivo de los salvadoreños hacia su país, lo que exasperaba a la política oficial de El Salvador al no poder ubicar de manera satisfactoria a sus compatriotas y aumentan el gasto social previsto en vivienda, educación y salud. Por ello, con el propósito de frenar este flujo amenazante de personas, el gobierno salvadoreño se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cable del 25 de junio, quejándose de que los salvadoreños residentes en Honduras habían sido objeto de «eventos violatorios de los derechos humanos, con carácter de genocidio, como asesinatos, persecuciones, agresiones, daños a la propiedad material y expulsiones masivas». La queja demandaba la presencia de una subcomisión en el terreno de los hechos con el propósito de investigarlos y ponerles fin. Al día siguiente, sin la respuesta del caso, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con nuestro país, lo que era un claro indicio de la magnitud que el gobierno de aquel país le daba a los sucesos, principalmente al retorno masivo de salvadoreños.
Por su parte, Honduras también se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cable del 25 de junio el Canciller de la República, Tiburcio Carías Castillo, denunciaba que el gobierno salvadoreño había incurrido en violación de los referidos derechos al permitir el atropello a los ciudadanos hondureños que habían visitado El Salvador con motivo del encuentro futbolístico del 15 de junio. La comunicación demandaba, asimismo, la presencia de observadores en territorio hondureño para estudiar los hechos denunciados y comprobar que «los ciudadanos salvadoreños residentes en Honduras no son objeto, ni lo han sido nunca, de persecuciones ni atropellos de clase alguna». A estos comunicados respondió el Secretario General de la OEA, Galo Plaza, que pronto enviaría un subcomité al lugar de los sucesos y que los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua se habían ofrecido como mediadores en la disputa.
Tanto El Salvador como Honduras aceptaron, con fecha 28 de junio, la mediación de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países antes indicados. De inmediato, tales ministros hicieron sendos viajes a San Salvador y Tegucigalpa con el fin de entrevistar a altos funcionarios de los respectivos gobiernos. Al finalizar las pláticas el día 30, emitieron un comunicado e hicieron ocho recomendaciones sobre la solución pacífica del conflicto: 1) reasumir la autoridad, por parte de los gobiernos, para evitar actos violentos contra los ciudadanos del otro país; 2) renunciar a las actividades bélicas por ambas partes y evitar la concentración de tropas en una franja de cinco kilómetros a uno y otro lado de la frontera; 3) tomar medidas para ponerle fin a la propaganda que incita a la violencia; 4) renovar el cumplimiento por ambas partes de los tratados vigentes sobre el Mercado Común; 5) iniciar investigaciones judiciales sobre los crímenes cometidos en los incidentes que tuvieron lugar en uno y otro país; 6) investigar los daños a la propiedad y establecer las compensaciones del caso; 7)que ambos gobiernos celebren un tratado de inmigración; y 8) establecer un mecanismo que garantice el cumplimiento de las anteriores medidas.
Como los preparativos bélicos de El Salvador eran manifiestos y en aquel país se había promovido la unidad nacional alrededor de las posiciones agresivas de su gobierno, el día 27 de junio se reunieron en Casa Presidencial más de 40 organizaciones políticas y populares de carácter nacional, cuyo primer comunicado se hizo público el 30 de junio. El mismo, decía: «por disposición del Gobierno de la República, el Comité Cívico Pro-Defensa Nacional constituye la esencia de las Fuerzas Vivas o sea el sector privado nacional. Lo integran nueve miembros de los distintos grupos político-económicos y cívicos existentes en el país. Se ha creado a solicitud del Gobierno de la República con el propósito de que el sector privado le brinde, en esta hora de emergencia, su contingente humano, espiritual y económico». El documento daba la siguiente consigna: «moderación y cordialidad hacia el pueblo salvadoreño, con énfasis muy especial en el buen trato que el pueblo de Honduras debe dar a los salvadoreños bien nacidos que conviven y han convivido por años con nosotros».
El 31 de julio, un avión comercial que despegaba del aeropuerto de Nueva Ocotepeque fue ametrallado por tropas salvadoreñas. Al mismo tiempo, unidades del ejército de aquel país atacaron el puesto aduanero de El Poy, frontera con Guatemala, mientras varios aviones de combate sobrevolaron nuestro territorio. Ante tales hechos, el gobierno de Honduras solicitó el 4 de julio una reunión inmediata del Órgano de Consulta de la OEA, formado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros. En respuesta, el día 4 de julio se reunió el Consejo del referido organismo para considerar las medidas del caso. Después de una amplia discusión, se llegó al acuerdo de aplazar hasta el día 10 toda iniciativa de este nivel con el objeto de esperar los resultados obtenidos por la comisión mediadora de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. La decisión fue tomada con el visto bueno del representante de Honduras, en cuyas manos fue puesto el asunto, lo que constituyó un evidente error, pues el aplazamiento de medidas más enérgicas y de mayor nivel solo sirvió para darle tiempo al gobierno de El Salvador en el desarrollo de sus planes agresivos.
El 4 de julio llegó a San Salvador el subcomité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 6 de julio terminó sus investigaciones y envió una nota al gobierno salvadoreño, manifestándole que «requería de tiempo para estudiar los casos y llegar a una decisión». El 8 de julio arribó a Tegucigalpa y, después de conocer «in situ» las denuncias contra el gobierno salvadoreño, manifestó, el día 10, que le era «necesario tiempo para estudiar los cargos». Esta lentitud en el manejo del problema era realmente inconcebible, pues, mientras se analizaban hechos ocurridos un mes atrás, los preparativos de guerra por parte de El Salvador y sus planes agresivos se hacían cada vez más evidentes. Honduras, sin embargo, no los tomaba en cuenta y continuaba confiando en el buen resultado de las negociaciones encaminadas por los organismos internacionales antes indicados.
La mediación tripartita fue también un fracaso. El 8 de julio llegaron de nuevo a San Salvador los ministros mediadores. El día 10 recibieron una respuesta del gobierno salvadoreño acerca del plan de ocho puntos formulado por ellos el 30 de junio. La mayor parte de los planteamientos resultaron desaprobados por dicho gobierno, el que, además, exigió una medida inmediata sobre la cuestión que más le preocupaba: el retorno a Honduras de las familias salvadoreñas que abandonaron nuestro territorio o que fueron objeto de desalojo agrario, así como la indemnización correspondiente «por los daños físicos y el sufrimiento moral a que habían sido sometidas». El día 10 de julio viajaron los mediadores a Tegucigalpa. El 12 recibieron la respuesta hondureña al plan de ocho puntos. Honduras aceptó con pequeñas modificaciones dicho plan y el gobierno franqueó nuestro territorio «para que comisiones observadoras de la OEA comprobaran el cumplimiento del mismo». La diferencia de actitud entre ambos regímenes era más que evidente.
LA AGRESIÓN DEL 14 DE JULIO.
El 10 de julio volvió a reunirse el Consejo de la OEA. Al discutirse el asunto, se llegó al acuerdo, una vez más, de no tomar acciones de nivel superior para permitir a la comisión mediadora que culminara sus actividades en tal sentido. La disposición se tomó, igualmente, con el acuerdo del delegado hondureño, lo que hacía más grave el error antes dicho, pues a esa altura ya era más que evidente el fracaso de los mediadores. Así lo confirmaron los hechos ocurridos el 13 de julio, cuando las tropas salvadoreñas atacaron con fuego de morteros el resguardo de El Poy y dispararon contra la población civil de la zona. Ante tales sucesos, Honduras solicitó la reunión inmediata del Consejo de la OEA, lo que se produjo el día 14. Es hasta esta oportunidad que nuestro país declaró fallidos los esfuerzos de la comisión mediadora y exigió que se reuniera «de inmediato el Órgano de Consulta, dada la extrema urgencia de tomar medidas efectivas ante la inminencia de un conflicto bélico de gran escala que puede producirse entre ambos países».
El Consejo decidió convocar el Órgano de Consulta para «una fecha que oportunamente se fijaría», asumiendo, por su parte, las funciones de aquél con carácter provisional. Pero mientras se discutía este asunto a las ocho de la noche del día 14, el representante de Honduras anunció que El Salvador había iniciado una agresión en gran escala contra nuestro país. El ataque, ciertamente, se produjo a las seis de la tarde de ese día. Aviones salvadoreños bombardearon simultáneamente las ciudades de Tegucigalpa, Gracias, Nueva Ocotepeque, Santa Rosa, Juticalpa, Amapala, Choluteca, Catacamas, Nacaome y Guaymaca. Al mismo tiempo, unidades de infantería invadieron el territorio hondureño por siete puntos fronterizos: Nueva Ocotepeque, Valladolid, Mapulaca, Sabanetas, Aramecina, Langue y El Amatillo. Los ataques continuaron los días 15 y 16 y como los mismos no encontraron mayor resistencia, pues Honduras había confiado más en las negociaciones diplomáticas que en su propia defensa, los agresores ocuparon durante esas cuarenta y ocho horas una faja de casi diez kilómetros de ancho y lo largo de la frontera.
Sin embargo, al rehacerse de la sorpresa, el ejército hondureño, ayudado en forma heroica por el pueblo, inició una contraofensiva generalizada. A las cuatro de la mañana del día 16 se contraatacó por el frente sur, de modo que, al final del día, los invasores fueron expulsados de sus posiciones. Lo mismo ocurrió por el sector de El Paraíso, donde un destacamento de doscientos paracaidistas salvadoreños y muchos civiles de aquel país pretendieron avanzar sobre nuestro territorio, pero fueron totalmente derrotados con la participación del pueblo, el que dio buena cuenta de los colaboradores. En el frente occidental tampoco tuvieron mucho éxito las fuerzas agresivas, ya que, pasados los efectos de la sorpresa, el ejército hondureño logró detener su avance hacia Santa Rosa y reducirlas a la ocupación de Nueva Ocotepeque.
El Consejo de la OEA, reunido el 15 de julio, resolvió demandar el cese del fuego a ambas partes y el retorno al statu quo ante bellum, es decir volver al asunto antes del conflicto. El punto número uno de la resolución correspondiente, dice: «de conformidad con el Artículo 7 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, instar a los Gobiernos de El Salvador y Honduras a suspender las hostilidades, restablecer las cosas al estado en que se hallaban con anterioridad al conflicto armado y tomar las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad interamericanas y para la solución del conflicto por medios pacíficos». Honduras aceptó este punto de vista ante una delegación del Comité de los Siete que visitó Tegucigalpa el mismo día 15. Sin embargo, El Salvador sostuvo que el cese del fuego y el retiro de las tropas a su situación anterior eran dos cosas muy distintas y que, si bien aceptaba lo primero sin condiciones, lo segundo debería quedar sujeto a negociación. El día 17 se precisó la actitud salvadoreña cuando dicho gobierno expresó lo siguiente: «aceptar el cese del fuego, siempre que la Comisión de la OEA pueda establecer los mecanismos que garanticen la seguridad de los salvadoreños que se encuentran en territorio de Honduras».
Por fin, el Consejo de la OEA, reunido el día 18 de julio, acordó el cese del fuego a partir de las diez de la noche de esa fecha, así como el repliegue inmediato de las tropas, «de manera que estas operaciones se terminen dentro de un plazo de 96 horas, contadas a partir de las 22 horas del día 18 de julio de 1969, hora local centroamericana». Aunque el cese del fuego se aplicó, El Salvador no puso en práctica ninguna medida para retirar sus tropas y más bien movilizó paracaidistas el día 21, de modo que, al llegar las diez de la noche del día 22, las mismas aún se encontraban en los territorios ocupados. El pretexto para asumir tal actitud era «obtener garantías efectivas, a satisfacción de El Salvador, sobre la vida y derechos de los salvadoreños residentes en Honduras, en igualdad con los nacionales hondureños».
Finalmente, después de estas injustificadas dilatorias, el 26 de julio se efectuó en Washington la decimotercera reunión del Órgano de Consulta de la OEA. Durante la misma, El Salvador tuvo la audacia de presentar la solicitud de que se aplicarán sanciones a Honduras por el supuesto delito de «genocidio» y que, conforme a los artículos 7 y 8 del Tratado de Río, todos los estados miembros rompieran relaciones diplomáticas con nuestro país para montarle después un bloqueo económico. Esto indignó a los Ministros de Relaciones Exteriores, quienes prepararon de inmediato una resolución declarando «Agresor» al Estado salvadoreño, con las consiguientes medidas de castigo. Ante tal amenaza, el gobierno de El Salvador renunció a sus pretensiones absurdas y aceptó una resolución «moderada», es decir, sin represalias para ninguna de las partes, sobre la base de retirar las tropas de nuestro territorio. Esta operación comenzó a efectuarse el 1 de agosto, mediante el procedimiento de entregar a la OEA las poblaciones ocupadas para que dicho organismo las depositara, a su vez, en manos del gobierno hondureño.
LAS CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO.
La guerra Honduras-El Salvador produjo, naturalmente, serias consecuencias. En primer lugar está la pérdida de numerosas vidas humanas y la destrucción material. Aunque no se tiene estadísticas precisas, es común hablar de que el choque antes referido causó un total de seis mil víctimas, entre muertos y heridos. Asimismo, produjo la destrucción de pueblos enteros a lo largo de la frontera y la ruina de numerosos centros de producción agropecuaria, muchos de ellos saqueados por las bandas de maleantes que acompañaban a las tropas invasoras. Pero, además de todo esto, el conflicto alteró profundamente las relaciones entre ambos países y entre los dos pueblos. Respecto a lo primero ocurrió que los estrechos vínculos estatales, fortalecidos por una común valoración de la gesta morazánica, se rompieron rotundamente después del 14 de julio de 1969. Referente a lo segundo, sin duda alguna hubo un cambio sensible: terminó la fraternidad abierta entre los ciudadanos de uno y otro país. El sobrenombre de «guanacos», dado amistosamente a los salvadoreños en otras épocas, se volvió un insulto intolerable dentro de Honduras inmediatamente después de la guerra. Lo mismo pasó con el apodo de «catrachos» con que se nos conoce a los hondureños en Centroamérica y que se tornó una gran ofensa en territorio salvadoreño.
Desde el punto de vista económico, la mayor consecuencia del conflicto fue la ruptura de la Integración Centroamericana, un programa que ya se mencionaba como ejemplo en su género. Honduras, ciertamente, no sólo suspendió todo intercambio comercial con El Salvador, sino que también cerró sus fronteras para el paso de mercancías de otros países hacia aquél. Esta actitud, justificada plenamente, significó la desintegración el Mercado Común, pues los demás países centroamericanos no pudieron mantener con cuatro miembros una estructura que había sido concebida y organizada con cinco. Por ello, y dados los altos beneficios que para algunos de esos países significaba dicho aparato, casi inmediatamente después de concluida la guerra comenzaron los esfuerzos para tratar de convencer a Honduras de que volviera a darles vigencia a los organismos y a los tratados integracionistas.
El 4 de noviembre de 1969 se reunieron en el aeropuerto El Coco, de San José, el Presidente de Costa Rica y el de Nicaragua. Ambos resolvieron convocar a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, a fin de encontrar «los medios de restablecer el funcionamiento del proceso de integración económica y los organismos del programa». Los Cancilleres efectuaron esa reunión el 9 de noviembre en la capital costarricense. Allí se acordó «realizar consultas con sus respectivos gobiernos…, a fin de lograr la consolidación de la paz, la reestructuración del Mercado Común Centroamericano y restablecer el funcionamiento de los órganos y mecanismos del proceso de integración económica». El 3 de diciembre volvieron a reunirse los Cancilleres centroamericanos, oportunidad en la que acordaron estudiar el establecimiento de un modus operandi para «el actual funcionamiento del Mercado Común», con cuyo fin fue creada una comisión ad hoc.
Durante la tercera reunión de Ministros de Economía de Centroamérica, celebrada del 21 al 25 de julio de 1970, Honduras presentó sus puntos de vista sobre cómo debería ser el «modus operandi» sugerido por la reunión de Cancilleres del 3 de diciembre de 1969. En dicho planteamiento, la delegación hondureña expresó que el referido mecanismo no sólo debería considerar los problemas suscitados a raíz del conflicto Honduras-El Salvador, sino también las dificultades observadas en el funcionamiento del esquema integracionista desde su inauguración en 1960. De esta manera nuestro país proponía, en el fondo, una reestructuración total del Mercado Común Centroamericano, al contrario de lo que planteaban otros países, entre ellos El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que limitaban sus demandas únicamente al arreglo de las dificultades surgidas a partir de julio del 69.
La formula hondureña, por lo tanto, encontró el rechazo de «aquellos países que a lo largo de la negociación propugnaron por mantener incólume la libre decisión empresarial y cierto tradicionalismo en la interpretación y aplicación de los Tratados». Por eso fracasó el arreglo sobre el «modus operandi» y a Honduras no le quedó otro recurso que tomar medidas defensivas de tipo unilateral. El 30 de diciembre de 1970, el Congreso emitió el Decreto No.97, por medio del que nuestro país rompía prácticamente con el Mercado Común Centroamericano y adoptaba la política de los «convenios bilaterales de reciprocidad comercial con los países centroamericanos con quienes mantiene relaciones y con otros países del mundo». Naturalmente, el referido decreto produjo una reacción airada en los demás países firmantes -Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua- deberá adoptar medidas de carácter unilateral ni suscribir convenios bilaterales con la República de Honduras».
Finalmente, debemos decir que el conflicto tuvo consecuencias de carácter político dentro de Honduras. Nuevas fuerzas sociales emergieron con mayor protagonismo y los cambios por democratizar el país dos años más tarde se concretaron en el gobierno de unidad nacional. El conflicto con El Salvador finaliza en octubre de 1980 cuando se firma el Tratado General de Paz y el diferendo fronterizo por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda, en septiembre de 1992
EL TRATADO DE PAZ.
Con la mediación del jurista peruano José Luis Bustamante i Rivero, se firmó un Tratado General de Paz entre las Repúblicas de El Salvador y Honduras, el 30 de octubre de 1980. De esa manera, después de once años de permanecer en latente estado de guerra, ambos países restablecieron sus relaciones de manera oficial. Por supuesto, para resolver en forma definitiva los problemas que dieron origen al conflicto armado de 1969. Por eso el documento antes dicho prevé una serie de medidas que tienden a canalizar la solución de dichas dificultades. El texto comprende nueve títulos, con los siguientes temas: I) Paz y Tratados, II) Libre Tránsito, III) Relaciones Diplomáticas y Consulares, IV) Cuestiones Limítrofes, V) Mercado Común Centroamericano, VI) Reclamaciones y Diferencias, VII Derechos Humanos y Familia, VIII)Compromiso de Fiel Cumplimiento y IX) Ratificación y vigencia. Sobre cada uno de estos asuntos se formulan respuestas concretas en el Tratado, por lo que el mismo reviste una importancia extraordinaria.
Sobre las cuestiones limítrofes, uno de los puntos más candentes, el Tratado plantea dos soluciones: 1) «delimitar la frontera entre ambas Repúblicas en aquellas secciones en donde no existe controversia», con cuyo fin el mismo documento señala siete secciones a lo largo de toda la línea, dejando entre ellas los puntos conflictivos; y 2) se nombra una Comisión Mixta de Límites para que, en el plazo de cinco años a partir de la firma del Tratado, demarque «la línea fronteriza en las zonas en controversia, una vez concluida la delimitación de dicha línea». Asimismo, es tarea de esta Comisión Mixta de Límites» determinar la situación jurídica insular y de los espacios marítimos», así como la demarcación de la frontera definida. Los miembros integrantes de la misma tienen el rango de diplomáticos y gozan de la correspondiente inmunidad.
En cuanto a la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, el Tratado dispone: «si a la expiración del plazo de cinco años establecido en el artículo 19 de este Tratado, no se hubiere llegado a un acuerdo total sobre las diferencias de límites en las zonas en controversia, en la situación jurídica insular o en los espacios marítimos, o no se hubieren producido los acuerdos previstos en los artículos 27 y 28 de este tratado, las partes convienen en que, dentro de los seis meses siguientes, procederán a negociar y suscribir un compromiso por el que se someta conjuntamente la controversia a la decisión de la corte Internacional de Justicia». El documento le da el carácter de inapelable al fallo final de la Corte y señala que seis meses después de emitido el mismo, la Comisión Mixta de Límites deber hacer la demarcación de la línea fronteriza establecida por el fallo internacional. La Corte Internacional de la Haya pronuncia la sentencia en septiembre de 1992.