CONSTITUCIÓN DE HONDURAS DE 1873
Constitución de Honduras de 1873
(Del 25 de diciembre 1873)
En el nombre de Dios y en ejercicio de la Soberanía Nacional la Asamblea Constituyente del pueblo hondureño instalada con el objeto de emitir la carta fundamental de la República, decreta y sanciona la siguiente: Constitución Política
CAPÍTULO I. DE LA REPÚBLICA Y SU SOBERANÍA
Artículo 1.- El pueblo hondureño se constituye en República, soberana, libre e independiente; y por lo mismo, le pertenece el derecho exclusivo de gobernarse y establecer sus leyes.
Artículo 2.- La Soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos hondureños. La ejercerán directamente en el acto de sufragar conforme a las leyes; y en todo lo demás, por medio de los poderes que establece la presente Carta. Es inalienable e imprescriptible.
Artículo 3.- Todo poder político emana del pueblo. Los funcionarios públicos son sus delegados y agentes; y no tienen otras facultades que las que expresamente les da la ley. Por ella ordenan, juzgan y gobiernan; por ella se les debe obediencia y respeto; y conforme a ella deben dar cuenta de sus operaciones.
CAPÍTULO II. DEL TERRITORIO
Artículo 4.- La República comprende todo el territorio, que durante la dominación española, se conoció con el nombre de Provincia, circunscrito en los límites siguientes: por el Este, Sudeste y Sur con la República de Nicaragua: por el Este, Nordeste y Norte con el Océano Atlántico: por el Oeste por Guatemala: por el Sur, Sudeste y Oeste con El Salvador; y por el Sur con la ensenada de Conchagua en el Pacífico y las islas adyacentes a sus costas en ambos mares.
Una ley demarcará especialmente los límites del territorio de la República.
Artículo 5.- La división del territorio de la República se hará por una ley general con los datos necesarios mientras esto se verifica, permanecerán los Departamentos de Comayagua, Tegucigalpa, Olancho, Yoro, Santa Bárbara, Copán, Gracias, La Victoria, Choluteca. La Mosquitia e Islas de la Bahía, como están actualmente, quedando el de La Paz asumido en el de Comayagua.
CAPÍTULO III. DEL GOBIERNO Y DE LA RELIGIÓN
Artículo 6.- El gobierno de la República es popular representativo, y se ejercerá por tres poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Artículo 7.- La Religión de la República es la cristiana católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. El Gobierno la protege; pero ni éste, ni autoridad alguna tendrán intervención en el ejercicio privado de otras que se establezcan en el país, si éstas no tienden a deprimir la dominante y alterar el orden público. El Congreso ordinario podrá permitir el ejercicio público de otros cultos, cuando la conveniencia social lo demande.
CAPÍTULO IV. DE LOS HONDUREÑOS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 8.- Son Hondureños:
1. Todas las personas nacidas en el territorio de la República;
2. Los hijos de padres y madres hondureños nacidos en país extranjero, con comisión del Gobierno, o ausentes temporalmente;
3. Los Centroamericanos que hayan ganado vecindario de un año, en cualquier pueblo de la República o que manifiesten ante el respectivo municipio de su designio de ser consideradas como tales;
4. Los extranjeros naturalizados.
Artículo 9.- Los extranjeros se naturalizan:
1. Por obtener del Cuerpo Legislativo carta de naturaleza;
2. Por adquirir bienes y raíces en el país, con valor de mil pesos, y vecindario de un año;
3. Por contraer matrimonio con hondureña y vecindario de un año;
4. Por abrir en el país un establecimiento de comercio al por menor y vecindario de un año;
5. Por simple vecindario de dos años.
Artículo 10.- Son derechos de los hondureños:
1. La libertad individual, que no tiene más límites que la libertad de otro individuo, es decir, la facultad de hacer u omitir todo aquello de ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo ni a la comunidad;
2. La igualdad ante la ley;
3. La seguridad individual;
4. La propiedad.
Artículo 11.- Los hondureños y los extranjeros naturalizados, son obligados:
1. A ser fieles a la constitución, a obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas;
2. A contribuir en proporción de sus haberes para los gastos públicos; y
3. A defender la patria con las armas, cuando sean llamados por la ley.
Artículo 12.- En ningún caso, ni bajo ningún concepto, los extranjeros podrán considerarse de mejor condición de los naturales hondureños y desnaturalizados; y no teniendo como extranjeros, derechos a tomar parte en las cuestiones políticas del país, su intervención en ellas, contrariando el orden público, los hace indignos de la hospitalidad que la nación les brinda, y podrán ser expelidos por el Gobierno del territorio de la República, previa comprobación de la intervención aludida.
El Gobierno procurará armonizar los tratados con las naciones extranjeras con la presente carta fundamental.
CAPÍTULO V. DE LA CIUDADANÍA
Artículo 13.- Son ciudadanos todos los hondureños, mayores de veinte años que tengan oficio, o propiedad que les asegure un modo de vivir honesta y decentemente.
También son ciudadanos, los mayores de dieciocho años que con las cualidades expresadas tengan grado literario, o sean casados.
Los extranjeros naturalizados deben ser considerados como ciudadanos, reuniendo las cualidades que quedan establecidas.
Ninguno de los contenidos en este Artículo tendrá voto pasivo, sino con arreglo a las leyes.
Artículo 14.- Sólo los ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos en la República; pero pierden la cualidad de ciudadanos:
1. Los sentenciados por delitos que merezcan pena más que correccional, hasta obtener rehabilitación;
2. Los que admitan empleos de otros gobiernos, sin licencia del Congreso, con excepción de los de Centro América; y
3. Los que naturalizan en país extranjero.
Artículo 15.- Se suspenden los derechos de ciudadano:
1. Por hallarse procesado criminalmente y tener decretado auto de prisión;
2. Por ser deudor fraudulento declarado, o deudor a las rentas públicas, requerido judicialmente de pago;
3. Por conducta conocidamente viciada, o vagancia calificada;
4. Por enajenación mental, legalmente declarada; y
5. Por ser sirviente doméstico cerca de la persona.
CAPÍTULO VI. DE LAS ELECCIONES
Artículo 16.- Se dividirá el territorio de la República en Distritos electorales, que constarán de diez mil almas; y elegirán un Diputado propietario y un suplente. Pero entre tanto se reúnen los datos estadísticos para formar aquella división, se elegirán tres Diputados propietarios y dos suplentes por cada uno de los Departamentos de Comayagua, Tegucigalpa, Gracias y Olancho; por dos propietarios y un suplente por cada uno de los de Yoro, Santa Bárbara, Copán, Gracias, La Victoria Choluteca, y por un propietario y un suplente por cada uno de los de la Mosquitia y las Islas de la Bahía.
Artículo 17.- Las elecciones serán directas y la ley reglamentará la manera de hacerlas, dividiendo los Departamentos y Distritos en Cantones, y disponiendo se formen registros de cada Cantón, teniendo voto los inscritos únicamente.
Por ahora se harán las elecciones en la forma prevenida por la ley.
CAPÍTULO VII. DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 18.- El Poder Legislativo de la República se ejercerá por un Congreso de Diputados elegidos en los términos que se ha dicho. Se reunirán cada dos años sin necesidad de convocatoria del primero al quince de marzo. Sus sesiones durarán cuarenta días, pudiendo cerrarlas antes, de acuerdo con el Ejecutivo. También las tendrán extraordinarias cuando sean convocadas por éste; en cuyo caso solo se ocuparán de las causas que motiven su reunión.
Artículo 19.- Un número menor de Representantes tiene facultad para tomar inmediatamente las medidas convenientes para hacer concurrir a los demás, hasta conseguir su plenitud; pudiendo llamar los suplentes en caso de muerte o imposibilidad de concurrir los propietarios.
Artículo 20.- El Congreso puede instalarse y deliberar con las dos terceras partes de los miembros electos. Para que haya resolución hasta la mayoría absoluta de votos.
Artículo 21.- El Congreso se reunirá en la capital de la República; pero él ya instalado, podrá decretar su traslación a otro punto por causas graves que él mismo calificará.
Artículo 22.- Las credenciales de los Representantes durarán cuatro años, pudiendo ser reelectos una vez: pero a los dos años del mismo periodo, se renovará la mitad de los miembros del Congreso, designando por sorteo, que hará él mismo, al cerrar sus sesiones.
Artículo 23.- Para ser Diputado se requiere: ser mayor de treinta años, natural o vecino del Departamento en que se hace la elección, padres de familia, ciudadano en ejercicio de sus derechos, de notoria honradez e instrucción y ser dueño de un capital libre y conocido que no baje de mil pesos, o licenciado en cualquiera de las facultades mayores. La Mosquitia e Islas de la Bahía podrán sufragar en los ciudadanos vecinos de cualquier Departamento de la República que reúnan las demás cualidades expresadas; y en caso de recaer en un solo individuo, hará sus veces el respectivo suplente.
CAPÍTULO VIII. DE LAS ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 24.- Corresponde al Poder Legislativo:
1. Calificar la elección de sus miembros y aprobar o no sus credenciales;
2. Admitir las renuncias que hagan por causas legítimamente comprobadas;
3. Formar su reglamento interior;
4. Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes;
5. Crear jurisdicciones y establecer en ellas Tribunales y Jueces para que a nombre de Honduras conozcan, juzguen y sentencien en toda clase de asuntos civiles y criminales que ocurran en la República;
6. Señalar las atribuciones de los diferentes funcionarios públicos;
7. Decretar reglamentos para el régimen interior de los demás Poderes;
8. Decretar tasas e impuestos en proporción a la riqueza pública;
9. Acordar empréstitos forzosos en circunstancias extraordinarias, consultando el haber de cada uno de sus habitantes;
10. Crear el ejército y milicias de la República;
11. Determinar la fuerza permanente;
12. Declarar la guerra y hacer la paz, con presencia de los datos que le comunique el Ejecutivo; y ratificar los tratados y negociaciones que él mismo haya ajustado, si mereciesen su aprobación;
13. Procurar el desarrollo de la instrucción pública decretando estatutos y métodos adecuados;
14. Crear y suprimir empleos, y asignar, aumentar o disminuir sus sueldos;
15. Conceder premios honoríficos y gratificaciones compatibles con el sistema de Gobierno establecido, por servicios relevantes a la patria o por inventos en las ciencias o artes;
16. Arreglar los pesos y medidas. Promover las vías de comunicación. Decretar las armas y pabellón de la República; y determinar la ley, peso y tipo de la moneda;
17. Conceder indultos y amnistías;
18. Nombrar los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y conferir los grados de Brigadier arriba, inclusive;
19. Declarar que ha lugar a formación de causa contra los individuos de los supremos Poderes, Ministros del Despacho y Agentes diplomáticos de la República;
20. Admitir las renuncias que por causas graves hagan de sus oficios los mismos empleados, y la dimisión de Brigadier arriba, inclusive; y
21. Fijar y decretar bienalmente los gastos de la administración en todos los ramos de hacienda pública, arreglando su manejo e inversión; tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo; y calificar y reconocer la deuda nacional e interior, designando fondos para su amortización.
La primera legislatura no se disolverá sino cuando haya emitido las siguientes leyes:
1. La de elecciones;
2. De hacienda;
3. De Justicia;
4. De gobernadores políticos y Municipalidades.
Artículo 25.- El Congreso, para casos de guerra exterior o interior, podrá conferir al Ejecutivo las facultades extraordinarias que su prudencia juzgue indispensable para la pacificación, procurando armonizarlas con los principios del derecho público e internacional, pero de ninguna manera autorizarlo para atacar la independencia y ejercicio de los demás poderes, para detenciones indefinidas, ni para proscribir ni confiscar.
Artículo 26.- El Poder Legislativo puede delegar en el Ejecutivo las facultades siguientes:
1. Legislar sobre los ramos de policía, hacienda, guerra y marina;
2. Aprobar o decretar estatutos y ordenanzas de las corporaciones o establecimientos que deban tenerlos y los proyectos sobre creación de fondos que le presentasen;
3. Arreglar el sistema de pesos y medidas. Promover las vías de comunicación ordinarias; decretar los Códigos Civil, Penal, de Procedimientos, de Comercio y Minería. De estas facultades sólo podrá hacer uso en receso del Poder Legislativo; y con el voto ilustrativo de una comisión de personas competentes; que el Congreso o el mismo Ejecutivo elegirá.
Con la aparición del Congreso, cesarán la delegación y las facultades extraordinarias; debiendo dar cuenta de uso que hubiese hecho de ellas.
Artículo 27.- El Poder Legislativo no podrá conceder al Ejecutivo más facultades extraordinarias, ni ampliar las que quedan detalladas.
Artículo 28.- El Congreso se ocupará de preferencia de los asuntos que comprenda la memoria del Ejecutivo.
Artículo 29.- Cuando el Congreso hubiere de tratar de los intereses de la Iglesia, o de cosas que se relacionen con ellos, podrá convocar al Prelado Diocesano, para que por sí o por medio de un delegado, concurra a la sesión si lo tuviere a bien, con voto ilustrativo.
CAPÍTULO IX. DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 30.- El Poder Ejecutivo se ejercerá por un ciudadano que llevará el título de Presidente de la República; nombrado directamente por el pueblo hondureño; pero cuando no resulte electo por mayoría absoluta de votos, el Congreso lo elegirá entre los tres ciudadanos que hayan obtenido mayor número de sufragios.
Artículo 31.- Cuando el Presidente tuviese a bien depositar su autoridad por alguna causa, lo hará en uno de los tres Diputados que designará el Congreso para este objeto; y en caso de muerte, remoción, renuncia o impedimento de aquel funcionario, los Ministros del Despacho asumirán el Ejecutivo, debiendo proceder inmediatamente a designar en sorteo público, el Diputado que entre los designados deba ejercer el Gobierno. Para este caso serán convocados los funcionarios públicos de mayor categoría que se hallaren en el lugar donde se practique. En falta de los Ministros del Despacho, recaerá el Poder en el Diputado que entre los designados se hallare a menor distancia de aquellos, y estando a igual, recaerá en el primer designado, sucediendo los demás por el orden de su nombramiento.
Artículo 32.- Para ser Presidente se requiere ser padre de familia, mayor de treinta años, del estado seglar, natural de Centro América, con vecindario de cinco años en Honduras, de notoria honradez, e instrucción, ser dueño de un capital en bienes raíces que no baje de cinco mil pesos, libre de todo gravamen y ubicado en el territorio de la República.
Artículo 33.- Antes de proceder el Congreso a declarar o a hacer esta elección, se informará y calificará en sesión secreta si los candidatos reúnen las condiciones del Artículo anterior, y desechando a los que no las tengan, procederá en sesión pública a declarar o verificar la elección, la cual se hará por cédulas, que se recogerán en una urna.
Artículo 34.- El periodo presidencial será de cuatro años, sin poderse prorrogar un día más por ninguna causa ni protesto. Comenzará el día primero de abril del año de la renovación.
Artículo 35.- El Presidente de la República no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente, en ningún caso, ni por ningún protesto, y si prevaliéndose de aclamaciones o actas populares o de cualquier otro medio, se conservase en el poder, se tendrá por el mismo hecho como usurpador; y tanto el ejercicio, como las autoridades de cualquier género, y jerarquía que sea, y los pueblos, no obedecerán más que al designado por la ley, so pena de incurrir en el delito de traición contra la patria.
Artículo 36.- El Presidente de la República es Comandante en Jefe del Ejército y Armada.
CAPÍTULO X. ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
Artículo 37.- Corresponde al Poder Ejecutivo:
1. Mantener ilesa la soberanía e independencia de la República y la integridad de sus territorios;
2. Conservar la paz y tranquilidad interior, conforme a las leyes;
3. Publicarlas y hacerlas ejecutar, y usar del voto del modo establecido;
4. Proponer al Congreso por medio del Ministerio, los proyectos de ley que crea convenientes, con las restricciones del Artículo 47;
5. Presentar al Congreso por el mismo órgano, a los cinco días de abiertas las sesiones ordinarias un informe circunstanciado de todos los ramos de la administración pública, con los proyectos que juzgue oportunos para su conservación o mejoras; y una cuenta exacta del bienio vencido, con el presupuesto de gastos del venidero y medios para llenarlo. Y si dentro del término expresado los Ministros no cumplen esta obligación, quedarán por el mismo hecho destituidos de sus funciones. El presupuesto no excederá al producto de las rentas ordinarias;
6. Publicar anualmente un estado de los ingresos y egresos de las rentas públicas;
7. Dar al Congreso los informes que le pida, pudiendo retener los documentos de los asuntos que demanden reserva, a menos que sean para exigirle la responsabilidad. Durante la guerra no es obligado a exhibir los planes de campaña;
8. Hacer efectiva la concurrencia de los Representantes en la época en que debe aparecer el Congreso; y convocar a éste para sesiones extraordinarias cuando lo estime conveniente; llamando, mientras se reúnen las Juntas preparatorias, a los suplentes de los propietarios que hayan fallecido;
9. Proponer amnistías al congreso, cuando el bien público lo exija, y concederlas por sí en receso de aquél;
10. Levantar todas las demás fuerzas necesarias sobre la decretada por la ley, para repeler invasiones o contener rebeliones pudiendo en este único caso, si los recursos ordinarios no bastasen, proveerse de los que necesite por un empréstito general, de cuya inversión dará cuenta al Congreso en su próxima reunión;
11. Expedir reglamentos y órdenes para la ejecución de las leyes;
12. Nombrar y remover a los Ministros del Despacho y a los demás empleados de su libre nombramiento, admitir sus renuncias, y conceder retiro a los jefes y oficiales del ejército y marina, con arreglo a las leyes;
13. Nombrar a los jueces de primera instancia del fuero común a propuesta en terna de la Corte de Justicia; y admitir sus renuncias. No podrá en ningún caso devolver la terna presentada;
14. Nombrar así mismo los demás empleados, cuya provisión no esté reservada a otra autoridad;
15. Cuidar que los Magistrados y jueces asistan puntualmente a sus despachos, para que los asuntos no sufran retraso, pudiendo compelerlos en caso necesario y a excitación de la Corte respectiva;
16. Habilitar puertos y establecer aduanas marítimas y terrestres, y dar reglas para nacionalizar y matricular buques;
17. Hacer la guerra y celebrar tratados de paz, concordatos y cualesquiera otras negociaciones, sometiéndolas a la ratificación del Cuerpo Legislativo;
18. Dirigir y disponer de las fuerzas armadas, y mandar el ejército en persona si lo tuviese a bien; encargando en este caso el ejecutivo a quien corresponde;
19. Conmutar las penas cuando el tribunal superior que pronuncie la sentencia que causa ejecutoria contra el reo, recomiende la conmuta, expresándolo así en la propia sentencia, y por alguno de los motivos que la ley señale;
20. Vigilar sobre la exactitud de la moneda y computar el valor de la extranjera cuya circulación se permita;
21. Nombrar Ministros diplomáticos, Agentes y Cónsules, cerca de los demás Gobiernos; y admitir los nombrados por éstos, pudiendo retirarles el exquatur conforme al derecho de gentes;
22. Rehabilitar, durante el receso del Congreso, al que haya perdido los derechos de ciudadano;
23. Ejercer el derecho de patronato conforme concordatos celebrado con la Santa Sede;
24. Poner el pase, si lo tuviese a bien, a los títulos en que se confiere dignidad eclesiástica; y a los nombramientos de Vicarios, Curas y Coadjutores, sin cuyo requisito los agraciados no pueden entrar en posesión. Conceder igualmente a las letras pontificias y disposiciones conciliares, o retenerlas. De esta formalidad sólo quedan exceptuadas las que sean sobre dispensas para órdenes o matrimonios a las expedidas por la Penitenciaría;
25. Todos los objetos de la policía y de orden; los establecimientos públicos de beneficencia, de ciencias, letras y artes; las cárceles y presidios, están bajo su dirección y suprema inspección, conforme a sus leyes y estatutos lo mismo que la formación de censos y estadísticas; y
26. Promover y proteger el desarrollo de la industria agrícola, fabril y comercial.
CAPÍTULO XI. DE LOS MINISTROS DEL DESPACHO
Artículo 38.- El Poder Ejecutivo determinará el número de los Ministros y sus respectivos departamentos, no pudiendo aquellos ser menos de dos.
Artículo 39.- Para ser Ministro se requiere ser natural de Centro América y vecino de la República, del estado seglar, tener treinta años de edad, notorias luces y buena conducta y poseer un capital libre que no baje de mil pesos.
Artículo 40.- Las providencias del Poder Ejecutivo deben expedirse por el Ministerio respectivo; de otro modo no serán obedecidas.
Artículo 41.- Los Ministros serán responsables solidariamente con el Presidente, de las providencias que firmen contra la Constitución y las leyes.
CAPÍTULO XII. DEL PODER JUDICIAL
Artículo 42.- El Poder Judicial lo ejerce una Corte dividida en dos Secciones, y los demás tribunales que se establezcan.
Artículo 43.- Las Secciones residirán una en esta ciudad y otra en la de Tegucigalpa. La ley demarcará su respectiva comprensión jurisdiccional.
Artículo 44.- Cada sección se compondrá por lo menos de tres Magistrados propietarios y dos suplentes; pero en las causas contra los eclesiásticos, el tribunal organizara en armonía con los concordatos.
Artículo 45.- Para ser Magistrado se requiere ser abogado de la República, de crédito y honradez, mayor de veinticinco años y padre de familia; o no letrado de treinta años arriba con más que medianos conocimientos de jurisprudencia, dueño de un capital libre que no baje de mil pesos y tener las demás cualidades requeridas para los letrados. Serán inamovibles durante su buena conducta; pero si hicieren dimisión, se les admitirá a los dos años de haber tomado posesión.
Cuando todos o algunos de los Magistrados estuviesen legalmente impedidos para conocer de un asunto, nombrarán colegas que desempeñen sus funciones, quienes reunirán las cualidades que se exigen para Magistrados. La ley reglamentará el modo de hacer estos nombramientos.
CAPÍTULO XIII. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CORTE
Artículo 46.- Corresponde a cada Sección:
1. Formar el reglamento para su régimen interior;
2. Conocer en segunda instancia de las causas civiles y criminales, en los casos y forma que la ley determinen; y en última, de las súplicas y demás recursos legales;
3. Dirimir las competencias de los tribunales y jueces de su jurisdicción, de cualquier fuero que sean;
4. Decidir las promovidas a los tribunales y jueces de su jurisdicción, por la otra Sección, sus tribunales o jueces. La ley determinará el modo de resolver las que ocurran entre ambas secciones;
5. Suspender, durante el receso del Congreso, a los Magistrados por faltas graves en el ejercicio de sus funciones;
6. Conocer de las causas de responsabilidad de los jueces de primera instancia de su respectiva jurisdicción; pudiendo suspenderlos y destituirles con conocimiento de causa y conforme a la ley;
7. Conocer de los recursos de fuerza y de los demás que le atribuya la ley;
8. Hacer el recibimiento de abogados; suspenderlos por causas graves, y aún retirarles sus títulos por conducta notoriamente viciada, cohecho o fraude, con conocimiento de causas;
9. Visitar por medio de un Magistrado los pueblos de su jurisdicción para corregir los abusos que se noten en la administración de justicia. Las facultades del Magistrado, la duración de la visita y demás circunstancias conducentes al objeto, serán determinadas por la ley;
10. Vigilar sobre la conducta de los jueces inferiores, cuidando que administren pronta y cumplida justicia;
11. Vigilar para que los reos confinados cumplan debidamente su condena, dirigiéndose al Ejecutivo cuando los Comandantes de presidio sean remisos en la observancia de sus deberes; y
12. Manifestar al Congreso la inconveniencia de las leyes, o las dificultades para su aplicación, indicando las reformas de que sean susceptibles. La ley determinará las demás atribuciones del Poder Judicial.
CAPÍTULO XIV. DE LA FORMACIÓN, SANCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LEY
Artículo 47.- La iniciativa de la ley es exclusivamente reservada a los Diputados, al Presidente por medio de los Ministros, y a la Corte de Justicia; mas el Ejecutivo no podrá hacerla sobre impuestos ni contribuciones de ninguna clase.
Artículo 48.- Todo proyecto de ley después de discutido y aprobado por el Congreso, se pasará al Ejecutivo, el que no teniendo objeciones que hacerle, le dará su sanción y lo hará publicar como ley.
Artículo 49.- Cuando el Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar los proyectos de ley que se le pasen, podrá devolverlos dentro de diez días al Congreso, puntualizando las razones que funde su opinión para la negativa; y si dentro del término expresado no los objetase, se tendrán por sancionados y los publicará como ley.
En caso de devolución, el Congreso podrá reconsiderar y ratificar el proyecto, con los dos tercios, pasando al Ejecutivo, quien lo tendrá como ley que ejecutará y publicará.
Cuando el Congreso emita en los últimos diez días de sus sesiones y el Ejecutivo encuentre dificultades para su sanción, es obligado a dar aviso inmediatamente al Congreso para que permanezca reunido hasta que se cumpla el término expresado; y no dándolo se tendrá por sancionada la ley.
Artículo 50.- Cuando un proyecto de ley fuere desechado y no ratificado, no podrá proponerse en las mismas sesiones sino hasta en las de la Legislatura siguiente. En la devolución que haga el ejecutivo de los proyectos de ley, las votaciones del Congreso para ratificarlos serán nominales y deberán constar en el acta del día.
Artículo 51.- Todo proyecto de ley aprobado por el Congreso se extenderá por duplicado, se publicará en él; y firmado dos ejemplares por su Presidente y Secretarios, se pasará al Ejecutivo con esta fórmula: «Al Poder Ejecutivo». Si éste no lo aprobare, lo devolverá al Congreso con esta fórmula: «Vuelva al Soberano Congreso».
Artículo 52.- Recibido por el Ejecutivo un proyecto de ley, si no le encontrase objeciones que hacer, firmará los dos ejemplares, devolviendo uno al Congreso; y reservándose otro en su archivo, lo publicará como ley en el término de diez días.
Artículo 53.- La publicación de la ley se hará en esta fórmula: «El Presidente de la República de Honduras a sus habitantes Sabed: que el Soberano Congreso ha decretado o acordado lo siguiente: (aquí el texto y firmas). Por cuanto: Ejecútese».
CAPÍTULO XV. DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA
Artículo 54.- La ley establecerá jueces de primera instancia para que conozcan en lo civil y criminal; demarcará las jurisdicciones de cada uno y la compensación proporcionará a su trabajo.
Artículo 55.- Para ser juez de primera instancia se requiere ser abogado de la República, de crédito y honradez, mayor de veinticinco años y padre de familia; o no letrado de treinta años arriba, con más que medianos conocimientos en jurisprudencia dueño de un capital libre que no baje de mil pesos y tener las demás cualidades requeridas para los letrados.
Artículo 56.- Los jueces de primera instancia fallarán sin consulta, a no ser que la pida alguna de las partes. Su duración será de dos años, pudiendo ser reelectos sin interrupción; pero en este caso será voluntaria la aceptación del destino.
CAPÍTULO XVI. DEL GOBIERNO POLÍTICO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DEL RÉGIMEN MUNICIPAL
Artículo 57.- En cada Departamento habrá un Gobernador propietario y un suplente, nombrado por el Ejecutivo. Serán de conocida honradez e instrucción, dueños de un capital libre que no baje de mil pesos; o licenciado en cualquiera de las facultades mayores, vecinos del departamento respectivo, o naturales de la República y mayores de treinta años.
Artículo 58.- Las Comandancias Departamentales podrán ser servidas por los Gobernadores a juicio del Ejecutivo; mas los Comandantes no podrán servir las Gobernaciones políticas.
Artículo 59.- Los Gobernadores Políticos durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser electos sin interrupción, si ellos admitieren, la ley designará sus atribuciones y la manera de ejercerlas.
Artículo 60.- El Gobierno interior de los pueblos es a cargo de Municipalidades electas popularmente en el tiempo y número de individuos que la ley señale.
Artículo 61.- Habrá jueces de paz que conocerán en los negocios de menor cuantía, delitos y faltas livianas. La ley determinará su nombramiento, cualidades y atribuciones.
CAPÍTULO XVII. DEL TESORO PÚBLICO
Artículo 62.- Forman el Tesoro Público todos los bienes muebles, raíces y créditos activos de la República, todos los impuestos, contribuciones, tallas y tasas que pagan los hondureños o en adelante pagaren por su persona, industria o bienes, y todos los derechos que satisface el comercio con arreglo a las leyes.
Artículo 63.- Habrá un Tesorero General de la República, y en los Departamentos Intendentes. La ley demarcará sus funciones y cualidades, y establecerá los demás empleados que administren, lleven y glosen la cuenta y razón.
Artículo 64.- La jurisdicción de hacienda será privativa de sus empleados, y demás jueces especiales que se establezcan. La ley demarcará su extensión y el modo de ejercerla.
CAPÍTULO XVIII. DE LA FUERZA PÚBLICA
Artículo 65.- La Fuerza Pública se compone de la milicia nacional y del ejército de tierra y mar. Es instituida para defender el Estado contra los enemigos exteriores, y para el mantenimiento del orden y la ejecución de las leyes.
Artículo 66.- La organización de la milicia nacional y del ejército se regulará por la ley.
Artículo 67.- La Fuerza Pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar. Empleada para mantener el orden en el territorio, no habrá sino por el requerimiento de las autoridades constituidas, según las reglas determinadas por la ley.
Artículo 68.- Queda establecido el fuero de guerra para los oficiales generales, y para cualquier otro militar que pertenezca a cuerpo organizado. En los delitos de policía y en los otros casos que la ley determine, quedan sujetos al fuero común.
Artículo 69.- La Comandancia General, que es a cargo del Ejecutivo, se ejercerá por conducto del Ministerio de la Guerra, pudiendo en tiempos anormales ejercerse directamente.
CAPÍTULO XIX. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Artículo 70.- Todo funcionario o empleado al posesionarse de su destino, prestará juramento de ser fiel a la República, de cumplir y hacer cumplir las leyes y atenerse a su texto, cualesquiera que sean las órdenes o resoluciones que las contraríen; y por sus infracciones serán responsables con sus personas y sus bienes, durante ocho años desde la comisión del delito, respecto a la acción criminal; más por la civil quedan sujetos al tiempo de la inscripción ordinaria.
Artículo 71.- No podrá juzgarse a los individuos de los Supremos Poderes, Secretarios del Despacho y agentes diplomáticos de la República, por delitos oficiales, sin que preceda declaratoria de haber lugar a formales causas; más por los delitos comunes, quedan sin restricción alguna sujetos a los Tribunales a cuyo fuero pertenezcan.
Artículo 72.- El Presidente de la República podrá ser juzgado por traición, venalidad y usurpación del poder, por atentar contra las garantías, impedir las elecciones o violentarlas; por impedir la reunión del Poder Legislativo; y por los demás delitos oficiales que cometa. Pero no podrá acusársele, ni ser sometido a juicio sino hasta después de terminado su periodo.
Tampoco podrá ser aprobada su conducta oficial, mientras esté en ejercicio del poder.
Artículo 73.- La instrucción de la causa contra los individuos de los altos Poderes, Ministros del Despacho y agentes diplomáticos de la República, se verificará en el Congreso por tres de sus miembros, electos por la suerte; y el pronunciamiento se hará colectivamente, debiendo concurrir los dos tercios de los presentes para que haya sentencia. Ésta se contraerá a deponer del destino al acusado y declararle incapaz de obtener otros honoríficos, lucrativos o de confianza, por cierto tiempo o a perpetuidad; más si la causa fuere mérito, quedará sujeto el culpado a los resultados un procedimiento ordinario ante los tribunales comunes.
Artículo 74.- Desde que se declare en el Congreso, que se da por admitida la acusación, el acusado queda desde este acto suspenso del ejercicio de sus funciones oficiales; y por ningún motivo podrá permanecer más en su puesto, sin hacerse responsable del crimen de usurpación, y ningún individuo deberá obedecerle.
Artículo 75.- Los decretos, autos y sentencias pronunciadas por el Congreso deben ser cumplidas y ejecutadas sin necesidad de confirmación ni sanción alguna.
Artículo 76.- Las opiniones de los diputados en lo relativo a su destino, no pueden ser interpretadas criminalmente en ningún tiempo, ni con motivo alguno; ni ellos pueden ser demandados o ejecutados por deudas desde el llamamiento a sesiones, hasta quince días después de concluidas.
Artículo 77.- Para declarar por mayoría de votos cuando ha lugar a formación de causa contra el Tesorero general, Contadores mayores, Administrados de aduanas, Intendentes, Comandantes Departamentales de puerto y fronteras y Gobernadores Políticos por delitos oficiales, se organizará un tribunal compuesto del Presidente de la respectiva Sección Judicial y dos Diputados electos por la suerte, entre los tres que componen la Representación de los Departamentos de Comayagua o Tegucigalpa. El tribunal de justicia respectivo, hará el sorteo en Corte plena, hecha la declaratoria con audiencia del acusado, éste quedará suspenso y será juzgado por los Tribunales a cuyo fuero pertenezca.
La ley determinará la autoridad que debe juzgar a dichos Comandantes.
Artículo 78.- Los empleados que sirvan su destino en la demarcación jurisdiccional de la Sección Suprema de Justicia de Tegucigalpa, sufrirán allí el juicio de responsabilidad.
La acusación que presentará ante el Tribunal de la Sección respectiva, quien inmediatamente procederá al sorteo antes establecido.
CAPÍTULO XX. GARANTÍAS INDIVIDUALES
Artículo 79.- La República reconoce el derecho de «Habeas Corpus». La ley determinará la manera de poner en práctica.
Artículo 80.- El presunto delincuente puede ser detenido por cualquier autoridad, que tenga facultad de arrestar; y el infraganti, por cualquiera persona para el efecto de presentarlo al juez.
Artículo 81.- La detención para inquirir no pasará de seis días, durante este término deberá la autoridad practicar la justificación del caso; y según su mérito librar por escrito la orden de prisión, o poner en libertad al detenido.
Artículo 82.- No podrá librarse aquella sin que preceda justificación de haberse cometido un delito que merezca pena más que correccional y sin que resulte, al menor por semiplena prueba, quien sea el delincuente. Sin embargo, es permitida la prisión o arresto por pena o apremio, en los casos y por el término que la ley disponga.
Artículo 83.- Ninguno podrá ser preso ni detenido sino en los lugares públicos designados a este efecto, los ciudadanos y las mujeres pueden serlo en otros conforme a su voluntad determinándolo la ley.
Artículo 84.- El arresto, prisión o reclusión, por pena correccional, no podrá pasar de treinta días, ni de veinticinco pesos de multa.
Artículo 85.- Cuando alguno no estuviese incomunicado por orden del juez, transcrita en el registro del Alcaide, no podrá éste impedir su comunicación con las personas. Después de la confesión no puede prohibirse aquélla, y el juicio es público.
Artículo 86.- Aún con auto de prisión decretado, ninguno puede ser llevado a la cárcel, ni detenido en ella, si presentare fianza cuando el respectivo delito sea aplicable pena pecuniaria.
Artículo 87.- Ningún ciudadano o habitante podrá ser obligado a declarar en materia criminal, contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, según la computación civil.
Artículo 88.- Las penas deben ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad del delito. El apremio o tortura que no sea necesario para mantener en seguridad a las personas, es atroz y no debe consentirse.
Artículo 89.- Siendo la inviolabilidad de la vida humana una de las garantías individuales la pena de muerte queda abolida en materia política; y solamente se establece por los delitos de asesinato, homicidio premeditado y seguro, asalto o incendio si se siguiese muerte, y por el parricidio en los casos que determine la ley. Los militares en servicio quedan sujetos a las penas de las ordenanzas del ejército.
Artículo 90.- Ningún habitante puede ser molestado, inquietado ni perseguido por sus opiniones, de cualquier naturaleza que sean, con tal que por algún acto directo y positivo no perturbe el orden o infrinja la ley.
Artículo 91.- Ningún habitante puede ser inquietado, molestado ni perseguido por sus opiniones, de cualquier naturaleza que sean con tal que por un acto directo y positivo no perturbe el orden o infrinja la ley.
Artículo 92.- La casa de todo habitante es un asilo que sólo puede allanar la autoridad en los casos siguientes y en los demás que determine la ley:
1. En persecución actual de un delincuente;
2. Persiguiendo al reo a quien se haya proveído auto de prisión; y
3. Cuando por reclamo de interior de ella o por desorden escandaloso se exija su allanamiento. También puede ser allanada aquélla en que se halle refugiado un delincuente, o se oculten efectos hurtados, prohibidos o estancados; procediendo al delincuente, o se oculten efectos huracanados, prohibidos o estancado; procediendo al menos semiplena prueba de los hechos.
Artículo 93.- Solamente los tribunales establecidos con anterioridad por la ley, juzgarán y conocerán en las causas civiles y criminales de los hondureños, si lo hicieren, el Cuerpo Legislativo tomándose facultades que no lo competen, o declarando delincuente o castigando a un individuo que debe ser juzgado, por sus jueces naturales, se declara que tales poderes atacan la presente Carta, y que por su infracción responderán con sus personas y bienes.
Artículo 94.- Todo habitante libre de responsabilidad puede emigrar a donde le parezca y volver cuando le convenga; pero en caso de guerra, aun los extranjeros lo verificarán con pasaporte, mediante el decreto gubernativo al efecto.
Artículo 95.- La propiedad de cualquier calidad que sea, no podrá ser ocupada, sino es por causa de interés público, legalmente, comprobada, y previamente indemnizado su valor a justa tasación.
Artículo 96.- La correspondencia epistolar es inviolable. La sustraída de las estafetas o de cualquier otro lugar, no hace fe contra ninguno.
Artículo 97.- Todo habitante puede libremente expresar su pensamiento por la prensa sin previa censura, haciéndose solamente responsable por el abuso que haga de este derecho; pero no se podrán publicar escritos injuriosos contra determinadas personas, sin que se suscriban por el autor y se publique su nombre. La ley determine la manera de clasificar las injurias de esta especie.
Artículo 98.- Las leyes, órdenes, providencias o sentencias retroactivas, proscriptivas, confiscatorias, condenatorias sin juicio y que hacen trascendental la infamia, son injustas, opresivas y nulas. Las autoridades que cometan semejantes violaciones responderán con sus personas y bienes a la reparación del daño inferido.
Artículo 99.- Ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni ningún Tribunal o autoridad podrá restringir, alterar o violar ninguna de las garantías enunciadas; y cualquier poder que la infrinja, será responsable individualmente al perjuicio inferido, en los mismos términos del Artículo anterior.
CAPÍTULO XXI. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 100.- Sólo por los medios constitucionales se asciende al Poder Supremo. Si alguno le usurpare por medio de la fuerza o de la sedición popular, es reo del crimen de usurpación: todo lo que obrare será nulo y las cosas volverán al estado que tenían antes, luego que se establezca el orden constitucional.
Artículo 101.- Llegado el tiempo en que deben practicarse las elecciones populares de Presidente de la República, mientras ellas duren, este funcionario depositará el mando en uno de los designados por el Congreso, quedando reducida la fuerza nacional a las guarniciones ordinarias.
Artículo 102.- La ley, bien sea que proteja, o bien que castigue, será igual para todos, y recompensará a cada uno en proporción a sus méritos. No podrá ser relajada, o dispensada en favor de ningún individuo, corporación o pueblo; salvo el caso de indulto o amnistías.
Artículo 103.- Todo ciudadano puede ser admitido a los cargos públicos civiles, políticos y militares, sin otra diferencia que sus talentos y virtudes, llenando las condiciones establecidas.
Artículo 104.- Es nula toda resolución, decreto, orden, acuerdo o sentencia de los Poderes constitucionales en que interviniese coacción ocasionada por la fuerza pública, o por el pueblo en tumulto.
Artículo 105.- Ningún juez puede serlo en dos diversas instancias; avocar causas pendientes para conocer de ellas, ni abrir juicios fenecidos.
Artículo 106.- Ningún militar en actual servicio podrá ser electo Presidente ni Diputado. Tampoco podrán ser Representantes al Congreso los Ministros del Despacho; recayendo la elección en otro empleado de libre nombramiento del Ejecutivo, vacará en su destino; y mientras sea representante, no podrá obtener ningún empleo de gobierno.
Artículo 107.- La policía de seguridad sólo podrá ser confiada a las autoridades civiles, en la forma que la ley establezca.
Artículo 108.- La República no reconoce dentro de su territorio ningún individuo con derecho a sustraerse a la acción de las leyes y del juicio de los tribunales que ellas establezcan; y las causas no podrán correr más que tres instancias.
Artículo 109.- Todos los hondureños pueden reunirse pacíficamente y en buen orden para tratar de cuestiones de interés público, o dirigir peticiones a las autoridades constituidas; mas las autoridades de estas reuniones responderán personalmente de cualquier desorden que se cometa.
Artículo 110.- El periodo de los representantes al Congreso comenzará el 1 de marzo; y el Presidente de la República desde el 1 de abril, como queda establecido, sin que para ello obste que por algún inconveniente legítimo no pueda funcionar todo el tiempo ordinario.
Artículo 111.- No es necesaria la confirmación o sanción del Poder Ejecutivo en los actos o resoluciones legislativas siguientes: en las que tengan por objeto las elecciones que el Congreso haya de hacer, y las renuncias que deba oír, en los acuerdos para trasladar su residencia de un punto a otro; en los presupuestos generales de gastos que vote; y en los reglamentos que emita para su régimen interior.
Artículo 112.- El Régimen Judicial y Gobierno interior o local de las Islas de la Bahía en el Atlántico, y las del Golfo de Fonseca en el Pacífico, pueden ser distintos de los adoptados en esta Constitución para los demás pueblos de la República. Lo mismo se establece respecto a las tribus aún no civilizadas de las costas del Norte.
CAPÍTULO XXII. DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 113.- La reforma parcial o absoluta de esta Constitución sólo podrá acordarse por los dos tercios de votos de los Representantes electos al Congreso. Esta resolución se publicará por la prensa, y volverá a tomarse en consideración en la próxima legislatura ordinaria. Si ésta la ratifica, se convocará una Asamblea Constituyente para que decrete las reformas. Pero no se propondrán ellas, sino hasta pasados ocho años después de promulgada ésta.
Artículo 114.- La presente Constitución no obsta para que concurra Honduras a la formación de un Gobierno nacional con las otras Secciones de Centro América; o a la de un pacto federativo, si aquél no pudiese tener efecto. La adopción del nuevo régimen o pacto que se celebre, será ratificada con dos tercios de votos de los Diputados al Congreso; y este hecho se tendrá como reformada esta carta, sin embargo de lo establecido en este Capítulo.
Artículo 115.- Queda derogada la Constitución Política de 28 de septiembre de 1865, y vigentes provisionalmente las leyes que rigen actualmente en la República, en lo que no se oponga a la presente Carta.
Dada en la ciudad de Comayagua, a veintitrés días del mes de Diciembre del año del Señor de mil ochocientos setenta y tres, LII de la Independencia.
Ramón Midence, Diputado Presidente por el Departamento de Tegucigalpa.
J. Miguel Bustillo, Diputado propietario por el Departamento de Olancho.
Guillermo Bustillos, Diputado Vicepresidente por el Departamento de Gracias.
Miguel Bustillos, Diputado por Yoro.
Miguel del Cid, Diputado por Departamento de Gracias.
Pedro Rivera Bustillo, Diputado por el Departamento de Comayagua.
Martín Ucles, Diputado propietario por el Departamento de Tegucigalpa.
Faustino Davila, Diputado suplente por Tegucigalpa.
Jesús María Rodríguez, Diputado propietario por el Departamento de Copán.
Teodoro Funes, Diputado propietario por el Departamento de Santa Bárbara.
Miguel Cubas, Diputado por el Departamento de Yoro.
Santiago Meza, Diputado propietario por el Departamento de Olancho.
Trinidad Hernández, Diputado por el Departamento de Comayagua.
Manuel Sebastián López, Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.
Francisco López, Diputado por el Departamento de Comayagua.
Juan Bustillo, Diputado por el Departamento de La Mosquitia.
Manuel Recarte, Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.
Apolinario Flores, Diputado por el Departamento de Comayagua.
Toribio Zelaya, Diputado por el Departamento de Olancho.
Francisco Cerna, Diputado por el Departamento de La Mosquitia.
Francisco Fiallos, Diputado por el Departamento de Copán.
Juan Ordóñez, Diputado por el Departamento de Olancho.
Tiburcio Hernández, Secretario, Diputado por el Departamento de Yoro.
Secretario, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.
Por Tanto: promúlguese, imprímase y cúmplase.
Dado en Comayagua, en la casa de Gobierno a 25 de diciembre de 1873.
Celeo Arias, El Ministro accidental de Gobernación y Hacienda.
Jeremías Cisneros, El Ministro de Guerra y Relaciones Exteriores.
Mariano Rubí.
Diputados que compusieron la comisión para formar el proyecto de esta Constitución fueron los siguientes: Licenciado Don Máximo Gálvez, Licenciado Don Martín Uclés, Licenciado Don Teodoro Funes, Licenciado Don Santiago Cerna, Presbítero Don Miguel Bustillo y Don Tiburcio Hernández.